Relacionan la violencia machista entre adolescentes con las redes sociales

El trabajo, realizado por cinco investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) y galardonado con el Premio Ángel Herrera a la mejor investigación en el área de las Ciencias Sociales, advierte además de que la permanente conexión de los adolescentes a través de las tecnologías digitales facilita abusos entre iguales a través de estos medios.

El estudio (editado por Thomson Reuters-Aranzadi con el título “La violencia de género en la adolescencia“), ha sido coordinado por el profesor de Derecho Penal Javier García González, y los investigadores de la CEU-UCH han colaborado con psicólogos, abogados, pedagogos, mediadores y jueces, informa la universidad en un comunicado.

Además de la formas de violencia más conocidas, como el “ciberacoso” o el “grooming” o abuso sexual de menores en la red, esta investigación aborda nuevas conductas como el “sexting” o envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles.

Los autores del estudio advierten de que los medios tecnológicos también se usan, en ocasiones, para someter a control en tiempo real a la pareja del potencial agresor, y subrayan la importancia de orientar a los padres para que puedan educar a los menores a su cargo.

Se trata del primer estudio jurídico que analiza de forma monográfica la denominada “violencia en el noviazgo”, que tiene lugar en una edad temprana, y en pleno desarrollo de la personalidad.

Esta violencia se produce además en el seno de las primeras relaciones sentimentales, fomentando la aceptación tácita de este tipo de comportamientos durante el matrimonio o la vida en común en la edad adulta, advierten los autores.

La falta de madurez propia de la adolescencia, añaden, hace que estas conductas no suelan ser percibidas como agresiones por las víctimas, por los propios agresores ni tampoco por sus iguales, y, como consecuencia, se consienten y se perpetúan.

La obra también recoge las medidas de prevención y la existencia de modelos concretos de intervención en los centros escolares que se podrían implantar, así como la posible responsabilidad civil, administrativa o penal que los centros educativos pudieran llegar a tener cuando estos mecanismos de prevención e intervención no resulten eficaces.